24 de enero de 2024
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestra red consular viene sufriendo un deterioro imparable desde hace años debido a la insuficiencia de los presupuestos para atender el aumento continuo de la demanda de servicios consulares. Como resultado de esta infradotación sistemática la red consular se encuentra en pésimo estado, con una falta aguda de personal y de medios materiales que ha afectado gravemente a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, pese al meritorio esfuerzo de todos los empleados públicos de la red por mantener en todo lo posible el nivel de los servicios.
Las plantillas fijas de las oficinas consulares se mantienen prácticamente inalteradas desde hace veinte años, a pesar de que en ese periodo se ha triplicado el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en nuestras oficinas consulares, que ha pasado de algo más de novecientos mil a inicios del siglo XXI a los aproximadamente tres millones de la actualidad.
Hay oficinas consulares en las que el personal total se ha reducido. Por sólo mencionar un ejemplo, el Consulado General de España en Frankfurt tenía en 2007 unos 20.000 inscritos y contaba entonces con un cónsul general, cónsul adjunto, canciller, vicecanciller y 17 contratados locales. En 2023 los inscritos son el doble (40.000), pero la plantilla se ha reducido a un cónsul general, canciller y doce contratados locales.
La falta de nuevas plazas fijas se intenta paliar recurriendo sistemáticamente a contrataciones temporales. En nuestros consulados de Buenos Aires, La Habana y México DF la tasa de temporalidad se sitúa en la actualidad entre el 50% y el 60%, frente al 8% de la Administración General del Estado (AGE) en su conjunto.
En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, 467 de un total de 1.373 puestos están vacantes, en gran parte debido a que los salarios que se ofrecen no son competitivos dentro de la propia AGE, como ocurre también con frecuencia en el exterior.
Las infraestructuras se encuentran en pésimo estado: numerosas oficinas están al límite de su capacidad física, presentan problemas de accesibilidad de diverso tipo, carecen de sistemas de detección y protección contra incendios, no presentan un buen estado de conservación e incumplen la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. La situación no sorprende si se considera que el MAEUEC dispone apenas de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de quinientos edificios en todo el mundo.
Hay un gran atraso en la digitalización (el Registro Civil se sigue llevando con anotaciones manuales en libros) y las aplicaciones informáticas existentes –como SIVICO o SIGECO- están absolutamente desfasadas.
Como resultado de todo lo anterior, trámites que en condiciones normales deberían tomar unas pocas semanas o meses se alargan muchos meses e incluso años. El Consulado General de España en La Habana ha tardado más de diez años en procesar las 192.000 solicitudes de nacionalidad que recibió entre 2008 y 2011 en base a la Ley de Memoria Histórica.
La falta de medios afecta también a las tareas que podríamos denominar “diplomáticas” de los consulados, que van desde las relaciones institucionales a la información política, pasando por la diplomacia pública, el apoyo a las empresas españolas, la promoción de la cultura, la educación y la ciencia españolas, etc. Nuestros consulados carecen de presupuesto propio para estas actividades y los cónsules no disponen de gastos de representación. Los consulados españoles tampoco cuentan con personal específico para estos cometidos, a diferencia de muchos países de nuestro entorno.
Ante el imparable deterioro de nuestra red consular, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) creó en febrero de 2023 un grupo de trabajo que ha elaborado el presente informe, tras analizar la situación de la red consular y realizar un estudio comparado del funcionamiento de las redes consulares de doce países. Además de proponer soluciones para los problemas existentes, el informe quiere contribuir a mejorar la eficacia y a modernizar el sistema consular español, incorporando buenas prácticas en línea con las tendencias actuales en materia de atención al ciudadano y mejora tecnológica.
El informe identifica dos cuestiones estructurales para las que es preciso encontrar soluciones de largo plazo: una financiación sostenible de la red consular y la mejora del régimen legal y salarial del personal contratado localmente.
Respecto a la financiación, se propone analizar la posibilidad de que la totalidad o una parte sustancial de los cuantiosos ingresos generados por nuestra red consular (unos 120 millones de euros en 2019) reviertan al MAEUEC para el mantenimiento y mejora de la red consular, como ocurre en otros países. Se propone asimismo estudiar un aumento de las tasas consulares, que son con diferencia las más bajas de todos los países objeto del estudio comparado (España cobra, por ejemplo, una tasa de 30 euros para la tramitación de un pasaporte, frente a 96 euros en el caso de Francia, 75 euros en Portugal o 117 euros en Italia). Además, España no cobra servicios consulares que sí tienen tasa en otros países, como la expedición de salvoconductos o los trámites de nacionalidad (Italia cobra hasta 300 euros por estos expedientes y un 30% de la tasa se retiene en la red consular).
En materia de personal, es urgente la actualización de los salarios en los servicios centrales del Ministerio de Exteriores y los del personal local contratado (colectivo PLEX) en todos aquellos puestos en el exterior en los que están por debajo del mercado local. Además de lo anterior, es preciso dar respuesta a las otras reclamaciones del colectivo PLEX respecto a su régimen laboral.
En paralelo, debe revisarse el modelo de contratación y creación de nuevas plazas, que es por sí mismo origen y causa de muchos de los problemas existentes, y deben aumentarse las plantillas de las oficinas consulares que lo necesitan con personal fijo, acabando con el recurso sistemático a refuerzos temporales para atender necesidades permanentes. El incremento de las plantillas debe basarse en un estudio riguroso de las necesidades y circunstancias de cada oficina consular.
Es preciso acelerar al máximo la digitalización de la red consular, que debe tener como uno de sus principales objetivos liberar en todo lo posible a nuestras oficinas consulares de tareas que puedan ser asumidas por otras instancias. Urge conocer los detalles del Plan de Digitalización Consular anunciado en febrero de 2023, que debe adecuarse a las necesidades presentes y futuras de nuestra red consular. Sería deseable que se recabase la opinión del personal consular y de los principales usuarios antes de adoptar decisiones definitivas en este terreno.
Otras medidas que el estudio propone son, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:
- La identificación de fórmulas que permitan disponer de personal adicional para llevar a cabo las tareas “diplomáticas” que se mencionan arriba.
- La recuperación de los gastos de representación o, alternativamente, el establecimiento de mecanismos presupuestarios flexibles que permitan realizar el trabajo de representación y cabildeo.
- La asignación a los consulados de un presupuesto propio para actividades culturales y de diplomacia pública.
- La puesta en marcha de un sistema de formación continua para todo el personal consular.
- La inversión en materia de instalaciones a partir de un plan de mejora de la infraestructura.
- El análisis de la posibilidad de externalizar algunos servicios adicionales a los visados, siempre con las cautelas y sistemas de control necesarios.
- La modernización urgente de las actuales aplicaciones informáticas consulares, como SIVICO o SIGECO.
- La creación de un call centre en la sede del MAEUEC en Madrid para atender y filtrar las llamadas a los teléfonos de emergencia consulares.
Se propone finalmente la elevación a rango de Secretaría de Estado o, en su defecto, de Secretaría General, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, lo que no sólo tendría una fuerte carga simbólica para los tres millones de españoles en el exterior (que pronto serán cuatro), sino también efectos prácticos muy positivos para la gestión de la red consular, para la interlocución con otros actores dentro y fuera de la Administración y para el servicio que se presta a nuestros ciudadanos en el extranjero.
No hay que olvidar el enorme incremento del número de españoles inscritos en nuestros consulados que conllevarán las disposiciones de nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática (hasta un millón de nuevos españoles). Este aumento drástico del número de españoles inscritos en nuestros consulados entraña el riesgo a corto plazo de colapso para muchas oficinas consulares, entre ellas gran parte de nuestros mayores consulados.
El presente informe identifica problemas y apuntas posibles soluciones, pero será necesario un estudio más técnico y detallado de las muchas cuestiones que se suscitan, en especial de la viabilidad legal, administrativa, técnica y presupuestaria de algunas de las soluciones apuntadas. El estudio debería por ello contar con la participación de expertos y de los principales interesados, comenzando por el colectivo de españoles residentes en el extranjero representados por los CREs y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y siguiendo por los empleados de la red consular, los representantes de los partidos políticos parlamentarios y de todas las administraciones públicas, sindicatos y entidades y sectores privados afectados.
El objetivo debe ser elaborar en un plazo de tiempo lo más breve posible un “Plan de Acción Consular”, que cuente con un amplio consenso y que recoja propuestas concretas, factibles y presupuestadas y un calendario de implementación de las medidas acordadas.
A continuación se adjunta el informe para su descarga
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